Análisis Forense y Sistémico del Caso Nueva EPS: Desfalco, Maquillaje Financiero y las Fallas Crónicas de la Gobernanza en el Sistema de Salud Colombiano

Resumen Ejecutivo: La presente investigación exhaustiva aborda la crisis en la Nueva EPS, la Entidad Promotora de Salud más grande de Colombia, que ha sido objeto de una intervención estatal y un profundo escrutinio por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud). Con más de 11.5 millones de afiliados, la crisis de la Nueva EPS no es un incidente aislado, sino una amenaza directa a la estabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) del país.

La Fiscalía ha radicado una acusación formal por un presunto desfalco de $70.563 millones de pesos, desviados para sostener una operación que «aparentaba solvencia financiera». Sin embargo, el análisis forense y contable revela que esta cifra es solo una fracción de las irregularidades financieras de la entidad. Los hallazgos de la Contraloría documentan un problema de una escala billonaria, incluyendo deudas por $21.3 billones, un déficit de $11.1 billones en reservas técnicas y $15.3 billones en anticipos girados sin el debido soporte contractual.

La esencia de la presunta corrupción no reside únicamente en la apropiación directa de fondos, sino en un sofisticado esquema de «maquillaje financiero» y fraude por omisión. Se acusa a la anterior administración de ocultar deliberadamente millones de facturas de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) entre 2019 y 2023. Este método permitía a la entidad inflar artificialmente sus balances, subestimar pasivos y presentar una salud financiera ficticia ante los entes de control, lo que constituye una grave violación de los principios contables y regulatorios.

La situación ha generado consecuencias directas y severas para los pacientes y el sistema de salud. El desequilibrio financiero se ha manifestado en un desabastecimiento de medicamentos y un aumento alarmante en las tutelas, que se duplicaron en 2025. Los prestadores de servicios de salud se han visto afectados por la falta de pago, poniendo en riesgo la continuidad de la atención a los afiliados.

Este caso refleja un patrón de corrupción sistémica en el SGSSS, con claras similitudes en el modus operandi del escándalo de Saludcoop, lo que señala una crónica debilidad en los mecanismos de vigilancia y control. Se concluye que la crisis de la Nueva EPS es un síntoma de fallas estructurales que persisten desde hace décadas. Para mitigar los riesgos futuros, se recomiendan acciones estratégicas que incluyen la implementación obligatoria de auditorías forenses tecnológicas, una reforma regulatoria para fortalecer los controles y un replanteamiento de la gobernanza institucional para garantizar una trazabilidad y transparencia absolutas en el manejo de los recursos públicos de la salud.

1. El Caso Bajo la Lupa: Acusaciones, Hallazgos y la Batalla de Narrativas

1.1 La Relevancia de la Nueva EPS en el Sistema de Salud Colombiano

La Nueva EPS ocupa una posición central y crítica dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia. Su tamaño y alcance la convierten en una entidad de alto riesgo sistémico. Con 11.5 millones de afiliados, la aseguradora atiende a casi una cuarta parte de la población asegurada del país. Esta magnitud significa que su colapso o inestabilidad tiene el potencial de desencadenar un efecto dominó que afectaría a millones de personas y a la red de prestación de servicios a nivel nacional. La entidad se diferencia de otras EPS por su estructura de propiedad mixta, donde el Estado ostenta el 49% de participación, mientras que las cajas de compensación familiar (como Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco y Comfandi) poseen el 50% + 1 de las acciones. Esta particularidad de su composición accionaria, según denuncias del presidente Gustavo Petro, ha permitido un esquema de «integración vertical» en el que las cajas de compensación contrataban con sus propias clínicas y farmacias, consolidando una aparente captura del sistema por intereses privados y políticos.

1.2 La Acusación de la Fiscalía: El Desfalco de los $70.563 Millones

La Fiscalía General de la Nación ha radicado una acusación formal contra cuatro exdirectivos de la Nueva EPS, incluyendo a su expresidente José Fernando Cardona Uribe, quien estuvo al frente de la entidad durante 15 años. Los cargos presentados son de alta gravedad: peculado, fraude procesal, falsedad en documentos y omisión de control en el sector salud. El ente acusador sostiene que el desfalco asciende a $70.563 millones de pesos, una suma que habría sido desviada para «sostener una operación que aparentaba solvencia financiera». La Fiscalía señala que, con la presentación de estados financieros falsos, los directivos buscaron convencer a la Supersalud de que la entidad cumplía con los requisitos para seguir operando, a pesar de enfrentar pérdidas millonarias. Este proceso ha sido calificado como un ejemplo de cómo «el sistema fue capturado por intereses privados y políticos». Ante la magnitud de las acusaciones, el Ministerio de Salud y Protección Social ha anunciado que se constituirá como víctima en el proceso penal.

1.3 La Verdadera Magnitud del Problema: Hallazgos de la Contraloría General de la República

A pesar de la cifra significativa de la acusación de la Fiscalía, los hallazgos de la Contraloría General de la República revelan una crisis financiera de una escala mucho mayor. Los informes de la Contraloría han encendido las alarmas sobre un desorden financiero que supera con creces los $70.563 millones señalados por la Fiscalía. La entidad de control ha detectado deudas por $21.3 billones de pesos y graves fallas administrativas que comprometen la sostenibilidad de la Nueva EPS.

Los hallazgos de la Contraloría son especialmente reveladores de la profundidad de la crisis. Se constató que, con corte a junio de 2025, la entidad tenía $15.3 billones en anticipos que no han sido legalizados con soportes documentales. A esto se suma un déficit de $11.1 billones en reservas técnicas, una cifra que refleja un pasivo subregistrado y una grave falta de liquidez. La auditoría también encontró un represamiento de 22.7 millones de facturas, con un valor de $22.1 billones, de las cuales 9 millones eran registros duplicados.

La discrepancia entre la cifra de la Fiscalía y las de la Contraloría es el punto central para comprender la naturaleza del problema. La cifra de desfalco de la Fiscalía es un cargo específico sobre la apropiación indebida de recursos, mientras que los hallazgos de la Contraloría revelan un problema de malversación, desorden contable y maquillaje financiero de proporciones billonarias. El problema principal no es solo la apropiación, sino la opacidad sistémica que ha permitido ocultar la verdadera situación financiera de la entidad, poniendo en riesgo la atención de la salud de casi un cuarto de la población colombiana.

A continuación, se presenta un cuadro que resume las principales irregularidades financieras detectadas por los entes de control, destacando la diferencia de escala entre las acusaciones.

Tabla 1: El Desequilibrio Financiero de la Nueva EPS: Cifras Clave de los Entes de Control

1.4 La Batalla de Narrativas: La Politización del Caso

El caso de la Nueva EPS ha trascendido el ámbito técnico-jurídico para convertirse en un campo de batalla político. El presidente Gustavo Petro ha utilizado el escándalo para argumentar a favor de su propuesta de reforma a la salud. El mandatario ha denunciado públicamente que el sistema ha sido capturado por intereses privados y que los pasivos millonarios y el ocultamiento de facturas son prueba de la necesidad de un cambio estructural.

Por otro lado, la defensa del expresidente Cardona Uribe ha sostenido que el proceso en su contra está «politizado» y que él es un «chivo expiatorio» de la crisis sistémica de la salud en Colombia. Cardona argumenta que la crisis no es por falta de control, sino por un problema estructural, como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y que el gobierno busca culpar a su administración para justificar una reforma que considera obsoleta. Esta dicotomía entre la acusación penal y la defensa basada en una crítica sistémica subraya la complejidad del caso. Un análisis riguroso debe separar la validez de las acusaciones penales y contables de la retórica política, centrándose en la evidencia financiera y los mecanismos de fraude para determinar la causa real del problema.

A continuación, se presenta una cronología detallada del caso.

Tabla 2: Cronología del Caso Nueva EPS: De las Acusaciones a las Consecuencias

2. Anatomía de un Presunto Fraude Contable: Mecanismos de Ocultamiento Financiero

El presunto desfalco en la Nueva EPS no se basa en una simple apropiación de recursos, sino en un sofisticado entramado de manipulación contable y financiera. La investigación revela dos mecanismos principales utilizados para ocultar el verdadero estado de la entidad y aparentar una solvencia inexistente, directamente vinculados a los conceptos de auditoría forense, controles internos y reconocimiento contable.

2.1 La Estrategia de la Omisión de Facturas y la Distorsión de Pasivos

La Fiscalía acusa a los exdirectivos de haber implementado una política de fraude en la cual «se dejó de procesar alrededor de 14 millones de facturas» que habían sido expedidas por las IPS entre 2019 y 2023. Este es el corazón del presunto fraude por omisión. En lugar de registrar estas obligaciones como pasivos en sus libros contables, la administración simplemente ignoraba la facturación, lo que creaba una distorsión masiva en los estados financieros.

Este método viola uno de los principios fundamentales de la contabilidad: el principio de causación. Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los ingresos y gastos deben reconocerse cuando se causan, independientemente del momento en que se reciba o se pague el dinero. Al no reconocer el gasto correspondiente a los servicios médicos prestados por las IPS, la Nueva EPS infló artificialmente sus ingresos y utilidades reportadas. Esto le permitía presentar a los entes de control, como la Supersalud, balances que sugerían una salud financiera y una liquidez que en la práctica no existían. El resultado fue un «maquillaje financiero» que engañó a los reguladores y a la opinión pública, comprometiendo la continuidad de la entidad.

2.2 El Rol de las Provisiones Ocultas y las Reservas Técnicas

La falta de reconocimiento de las deudas se relaciona directamente con el concepto de provisión y reserva técnica. El informe de la Contraloría detalla un déficit de $11.1 billones en las reservas técnicas de la Nueva EPS al cierre de 2024. Las reservas técnicas son recursos financieros que, por normativa, las EPS deben constituir para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones futuras con prestadores y afiliados.

Según las NIIF, una provisión debe ser reconocida como un pasivo en el balance si se cumplen tres condiciones:

• Existe una obligación presente, ya sea legal o implícita, derivada de un evento pasado.
• Es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación.
• El importe de la obligación puede estimarse de forma fiable.

Las deudas por las facturas no procesadas cumplen claramente con estas condiciones. Por lo tanto, deberían haber sido registradas como provisiones en el balance de la entidad. La «provisión oculta» es la omisión deliberada de este registro contable. Al no provisionar para estos pasivos masivos, la Nueva EPS no solo violó la normativa contable, sino que también distorsionó su patrimonio y su margen de solvencia. Esto explica por qué los balances reportados por la administración anterior mostraban una realidad financiera completamente diferente a la encontrada por los entes de control, que revelaron un patrimonio negativo de -$4.95 billones en 2023 y -$6.69 billones en 2024.

2.3 Desvío de Recursos Mediante Anticipos Irregulares

Un segundo y crucial mecanismo de irregularidad financiera, detectado por la Contraloría, fue el giro de $15.3 billones en anticipos a las IPS sin el soporte documental requerido. Este método es particularmente problemático porque contraviene el Decreto 441 de 2022 y la modalidad de «pago por evento,» que establece que los pagos solo pueden hacerse después de que el servicio haya sido prestado.

La existencia de estos anticipos masivos sin legalizar crea un escenario de riesgo de detrimento patrimonial. Más allá del presunto desfalco de la Fiscalía, estos anticipos representan una hemorragia de liquidez en la entidad. La combinación del ocultamiento de pasivos (que infla los resultados reportados) y el desvío de recursos mediante anticipos (que drena el flujo de caja) explica la «diferencia entre flujo de caja y resultados reportados» mencionada en la consulta inicial. Los balances de la Nueva EPS reportaban un rendimiento positivo, mientras que la entidad experimentaba una crisis de liquidez y acumulaba deudas impagables con la red de prestadores.

3. Patrones de Corrupción y Vulnerabilidades del Sistema de Salud

3.1 El Caso Nueva EPS vs. El Escándalo de Saludcoop: Un Paralelo Indignante

El caso de la Nueva EPS no es un incidente aislado en el sistema de salud colombiano; es un eco inquietante del escándalo de Saludcoop, que colapsó hace más de una década. El paralelo entre ambos casos no es superficial, sino que revela un patrón recurrente y una falla sistémica en la gobernanza y los mecanismos de control.

El modus operandi en ambos casos muestra una similitud sorprendente en la estrategia de fraude contable. En el escándalo de Saludcoop, el expresidente Carlos Palacino fue condenado, entre otros cargos, por idear un esquema de «maquillaje contable» en el que se emitían cheques a las clínicas que se adeudaban, pero no se entregaban a los beneficiarios. En la contabilidad de Saludcoop, las facturas aparecían como «canceladas,» creando una falsa apariencia de pagos realizados, mientras el dinero permanecía en las arcas de la EPS.

El método de la Nueva EPS, de «ocultar» o «no procesar» las facturas de las IPS, tiene un efecto contable idéntico. En ambos escenarios, el gasto no se reconocía, lo que inflaba artificialmente la rentabilidad y el patrimonio de las entidades. La similitud en los fraudes, separados por más de 10 años, es una acusación directa a la crónica fragilidad del sistema de control colombiano. A pesar de las lecciones del caso Saludcoop, las entidades han logrado evadir la supervisión y replicar el mismo tipo de fraude, evidenciando una debilidad estructural que permite la opacidad en el manejo de fondos públicos.

A continuación, se presenta una tabla comparativa que ilustra las similitudes entre ambos escándalos.

Tabla 3: Análisis Comparativo de Fraudes Contables: Nueva EPS vs. Saludcoop

3.2 El Impacto Directo: Pacientes, Prestadores y el Aumento de Tutelas

La crisis financiera en la Nueva EPS no se limita a un debate de cifras y balances; tiene un impacto directo y devastador en la vida de millones de colombianos. El desorden contable y la falta de liquidez de la entidad se han traducido en una crisis de prestación de servicios. Los pacientes han denunciado largas filas para reclamar sus medicamentos y una grave «crisis de abastecimiento» en dispensarios como Disfarma en Cali.

Los prestadores de servicios de salud, como clínicas y hospitales, son las principales víctimas de este esquema. Al no procesarse las facturas, estas instituciones no reciben los pagos correspondientes por los servicios médicos prestados. La Contraloría ha documentado que, a junio de 2025, la deuda por facturación pendiente con las IPS superaba los $13 billones. Esta falta de pago amenaza la sostenibilidad financiera de la red hospitalaria, lo que a su vez compromete la calidad y disponibilidad del servicio para los afiliados.

La manifestación más clara y alarmante de esta crisis es el aumento de las tutelas contra la Nueva EPS. Según el representante Andrés Forero, las tutelas contra la entidad se duplicaron en 2025, un crecimiento que calificó como «alarmante». Las tutelas son un mecanismo legal utilizado por los ciudadanos para exigir servicios de salud que les son negados. El aumento de su número es un indicador inequívoco del deterioro en la calidad de la atención y una consecuencia directa de la falta de liquidez de la EPS, ya que los interventores, según Forero, «desacatan muchos de los fallos».

3.3 Falta de Vigilancia y Gobernanza Institucional

La magnitud y persistencia de las irregularidades en la Nueva EPS, a pesar de la intervención de la Supersalud desde abril de 2024, plantean serios cuestionamientos sobre la eficacia del sistema de vigilancia y control. Los hallazgos de la Contraloría revelan que el patrimonio de la entidad continuó deteriorándose bajo la supervisión estatal, alcanzando un déficit de -$6.69 billones en 2024. Esto indica que las deficiencias no eran solo un problema de la administración anterior, sino que el propio sistema de control no fue capaz de contener la crisis.

El informe de la Contraloría también señaló que la Nueva EPS carecía de estados financieros certificados y dictaminados para 2023 y 2024. Esta ausencia de información contable verificada es una evidencia de la opacidad que ha dominado la entidad y una falla crítica en los mecanismos de supervisión, incluyendo la Revisoría Fiscal. La falta de trazabilidad y consistencia en los datos financieros reportados a los entes de control no solo afecta la transparencia de la entidad, sino que refleja un problema recurrente en el sector salud.

El hecho de que la entidad no tuviera estados financieros certificados para 2023 y 2024 y que las deudas siguieran creciendo bajo supervisión directa indica que las deficiencias no eran solo de la administración anterior. El sistema de vigilancia, incluyendo la Superintendencia de Salud y la Revisoría Fiscal, no cumplió con su rol de detectar a tiempo estas irregularidades, permitiendo que la crisis se gestara y profundizara durante años.

4. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

4.1 Conclusiones sobre la Naturaleza y Escala del Fraude

El caso de la Nueva EPS es un ejemplo de fraude por omisión y maquillaje contable a gran escala. La cifra de desfalco de $70.563 millones de pesos señalada por la Fiscalía es un cargo específico, pero el problema financiero total, revelado por la Contraloría, supera los $21 billones. Esto indica que la crisis no es simplemente el resultado de un acto de apropiación, sino de un esquema sistémico de malversación, desorden administrativo y manipulación de los estados financieros.

La responsabilidad por la crisis es multifactorial, implicando a la administración pasada, que presuntamente implementó los mecanismos de ocultamiento de facturas y pasivos, así como a los entes de control que no lograron detectar y prevenir las irregularidades a tiempo. El hecho de que este esquema se asemeje tanto al caso de Saludcoop es una acusación directa a la fragilidad crónica del sistema de gobernanza en el sector salud de Colombia, que ha demostrado ser incapaz de aprender de sus errores y cerrar los vacíos que facilitan la corrupción. La consecuencia final y más grave ha sido el deterioro de la atención en salud, con el aumento de tutelas y el desabastecimiento de medicamentos como las manifestaciones más visibles del costo humano de la corrupción financiera.

4.2 Propuestas Estratégicas para la Gobernanza y la Supervisión Financiera

Basado en el análisis de las fallas estructurales y los mecanismos de fraude, se proponen las siguientes recomendaciones estratégicas para fortalecer el sistema de salud colombiano y prevenir futuros colapsos:

• Auditoría Forense y Tecnológica Obligatoria: Se debe implementar un mandato regulatorio para que los entes de control, como la Supersalud y la Contraloría, realicen auditorías forenses especializadas de manera regular y obligatoria, no solo en casos de crisis. Es crucial que estas auditorías se apoyen en tecnología avanzada, como la inteligencia artificial, para analizar grandes volúmenes de facturación y transacciones en tiempo real, garantizando la trazabilidad completa de los recursos desde la Unidad de Pago por Capitación (UPC) hasta la prestación de servicios.
• Reforma Regulatoria para la Transparencia Contable: La normativa debe ser revisada y fortalecida para cerrar los vacíos que permiten la manipulación de estados financieros y la subestimación deliberada de pasivos y reservas técnicas. Se debe exigir a las EPS una contabilidad de estricto cumplimiento y establecer sanciones severas, tanto disciplinarias como penales, para la falta de transparencia y la falsedad en la información financiera. Es imperativo que la normatividad contable en el sector de la salud sea robusta y se aplique con rigor para evitar que se repitan los esquemas de «maquillaje financiero» detectados en este caso.
• Fortalecimiento de la Vigilancia y el Control: La Superintendencia de Salud y la Contraloría deben tener facultades, autonomía y recursos suficientes para ejercer un control efectivo e independiente de las presiones políticas. Se debe analizar la estructura de los entes de control y su capacidad para intervenir de forma proactiva, no solo reactiva, ante señales de deterioro financiero. Además, se debe garantizar que la Revisoría Fiscal de estas entidades actúe con total independencia y rigurosidad.
• Reestructuración del Modelo de Gobernanza: Se debe evaluar si el modelo de propiedad mixta de las EPS, con participación estatal y privada, facilita la captura política de los recursos públicos. La revisión de este modelo es crucial para determinar si es sostenible a largo plazo o si, por el contrario, crea incentivos perversos para la malversación y la opacidad. La crisis de la Nueva EPS demuestra que los riesgos inherentes a este modelo son significativos y comprometen la estabilidad del sistema en su conjunto.